Demian Duarte

Sonora se ubicó entre los 10 estados con mejor índice de cumplimiento en el ejercicio del gasto público durante el ejercicio del 2016, de acuerdo con un análisis presentado por el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) que le concede al gobierno de Claudia Pavlovich un 73.3%, definiendo que las prioridades en el ejercicio presupuestal se ubican en educación, administración de justicia y seguridad pública (en ese orden)

El IMCO presentó este lunes ese análisis, que se convierte en un indicador totalmente nuevo, sin parámetros anteriores, en donde Tabasco destacan como el primer lugar con el 86.5% de cumplimiento, en tanto que Guerrero es el lugar número 32 con apenas un 13.9% de cumplimiento.

Sonora se colocó en el lugar 8 del ranking, siendo el segundo mejor calificado en la zona norte, solamente detrás de Nuevo León (75.7%).

El IMCO señaló que se decidió a lanzar este esquema luego de 10 años de estudiar los efectos de transparencia presupuestal y en especial en un contexto en donde todos los estados se aprestan a revisar las propuestas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el 2018.

Este nuevo índice se divide en dos secciones: los resultados del IIEG 2017 y el análisis del ejercicio del gasto.

La primera mide el cumplimiento de las 32 entidades federativas en materia de homologación y armonización contable, a partir de 18 distintos tipos de documentos establecidos por el Consejo Nacional de Contabilidad (CONAC) y clasificados en información presupuestal, contable y programática, para los cuatro trimestres del año.

El cumplimiento promedio del IIEG 2017 es de 58 %, lo que indica que los estados reportan la información de manera dispersa, desactualizada, con diversos formatos y conceptos heterogéneos que dificultan su análisis y comparabilidad.

La segunda sección analiza la composición y variaciones encontradas en los ingresos, gastos y deuda de las entidades federativas. Se encontró que para 2016, los estados estimaron en promedio 15 % menos ingresos de los que efectivamente recibieron, equivalente a 251,459 millones de pesos.

En la mayoría de los casos (21 estados), el destino de los ingresos excedentes no se encuentra controlado por criterios que definan su distribución, lo que hace que cada entidad actúe de forma discrecional y opaca.

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