Sonora es el primer lugar en evasión al pago de pensiones alimenticias para menores

Demian Duarte

En Sonora se busca ponerle un alto al incumplimiento en obligaciones familiares, tales como entregar pensión de alimentos o permitir la convivencia entre padres —o madres— divorciados o separados y sus hijos, con la creación del Buró de Deudores Alimentarios, propuesta que fue aprobada por el Congreso del Estado este miércoles.

Se trata de una medida coercitiva, que es adicional a las sanciones de cárcel que contempla en Código Penal, y fue pensada a partir del nada honroso primer lugar nacional que tiene el estado respecto al incumplimiento de ese tipo de obligaciones, que afectan al 67 por ciento de las madres solteras y al 33% de las familias en las que ocurre un divorcio.

Un deudor alimentario como tal, deberá incumplir por 3 meses seguidos con la obligación de pago de la pensión y ser denunciado para entrar en tal categoría, lo que implicará que tenga limitantes para comprar o vender propiedades, además de una marca negativa en sus antecedentes penales e incluso un tache en el registro civil a la hora de que pretenda contraer matrimonio con otra persona.

El Congreso del Estado aprobó dicha medida por la vía del decreto, a partir de una iniciativa presentada por la diputada Karmen Aída Díaz Brown Ojeda, que promovió incluir el tema como parte del Código Civil de Sonora, luego de que se detectara que esta problemática afecta severamente a los menores hijos de madres solteras, pero también a los que resultan de hogares que termina  divorciándose.

“Celebramos haberlo conseguido, se trata de una medida que atiende un problema que ocurre en Sonora, y que es persistente en materia de la evasión de estas obligaciones, el adeudo es con los niños, no con sus ex parejas, se trata de mantener las relaciones de los padres con sus hijos”, resaltó.

El buró operará como una medida coercitiva pues impedir que a la hora de que querer vender o comprar propiedades esto se pueda hacer si antes no se cumple con las obligaciones familiares, ya que en el registro público de la propiedad de Sonora los incumplidos sean madre o padre tendrán una nota negativa.

También el registro civil, para el caso de que deseen contraer matrimonio, ya sea por primera, segunda o tercera ocasión, les aparecerá esa nota, y aunque no será impedimento para que se puedan casar, al final si se hará una advertencia a la nueva pareja respecto a que se trata de una persona que no cumple con sus obligaciones familiares.

En ese sentido el juez segundo de lo familiar, Edgar Didier López Mendivil, dijo que no es solo casos de juicios por alimentos, se trata de divorcios, y juicios por reconocimiento de la paternidad, por lo que será una herramienta que sirva para delimitar el aspecto de las pensiones.

La diputada Díaz Brown señaló que se trata de un tema sumamente sensible, pues más allá de los conflictos de pareja que puedan persistir por el pago de una pensión, a partir de un divorcio o incluso el no reconocimiento de la paternidad, son los menores quienes padecen la omisión en este aspecto, pues el incumplimiento en el pago de pensiones alimentarias puede representar un freno en el desarrollo de los menores o bien un daño permanente, ya que en muchos casos pueden plantear la diferencia entre alimentarse o no, o tener casa-habitación o no tenerla, de hecho reiteró que en Sonora se vive una fuerte problemática de índole social y económica, pues el estado es el primer lugar nacional en incumplimiento de estas obligaciones.

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