Maloro Acosta, otros tiempos

Demian Duarte

El futuro jurídico y político de Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez, ex presidente municipal de Hermosillo, está en manos del Congreso del Estado que decidirá en 10 días hábiles sí es sometido a un juicio político, lo que además podrá derivar en denuncias penales en su contra por el desvío de al menos 500 millones de pesos.

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Poder Legislativo estatal inició la revisión de la petición de juicio político contra el ex alcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez presentada por el dirigente estatal del PRD, Miguel Angel Armenta Ramírez.

El diputado Jesús Alonso Montes Piña, presidente de la comisión indicó que tendrán un plazo de 10 días naturales para revisar el legajo con las pruebas entregado por Armenta Ramírez a través de la Oficialía de Partes del Congreso para determinar si es procedente el juicio político.

Miguel Angel Armenta acudió a la sede del Congreso del Estado a fin de ratificar la denuncia presentada el 8 de noviembre en la que pide juicio político contra el expresidente de Hermosillo por uso indebido de recursos por un monto de 500 millones de pesos, destinados a inversión, que fueron destinados al gasto corriente.

El dirigente del PRD explicó que el Congreso tiene la facultad exclusiva de llevar a cabo los juicios políticos, en esta ocasión en contra del ex presidente municipal Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, toda vez que la Auditoría Superior de la Federación determinó en la revisión de la deuda pública de 2017 que hay un ejercicio indebido de más de 500 millones de pesos que están amparados en un decreto que el Congreso aprobó para definir la manera en que se debían ejercer esos recursos que eran para inversión pública y sin embargo fueron destinados a usos distintos, tales como gasto corriente, salarios, sueldos y otras prestaciones para la burocracia.

El cabildo de Hermosillo también aprobó una medida en contra del exalcalde, solicitando que se integre una comisión que investigue su participación actos irregulares y el desvío de recursos por alrededor de 2 mil millones de pesos.

La presidenta municipal Célida López ha dicho que recibió la ciudad en ruinas y las finanzas municipales en crisis.

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