Ignacio Fariza-El País

Estados Unidos y México tratan de acercar posturas para poner fin a la crisis migratoria que asola Centroamérica. Los presidentes de ambos países norteamericanos, Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, han conversado este miércoles por teléfono “en términos respetuosos y de amistad”, según ha adelantado el jefe de Estado y de Gobierno mexicano. Es un intento más, impulsado por las nuevas autoridades mexicanas, de poner fin al drama de la migración procedente de Honduras, El Salvador y, en menor medida, Guatemala, tres países golpeados por niveles rampantes de violencia y en los que la pobreza es moneda de cambio común en el día a día de sus ciudadanos. “Tratamos el tema migratorio y la posibilidad de aplicar un programa conjunto para el desarrollo y la creación de empleo en Centroamérica y nuestro país”, ha tuiteado López Obrador a última hora de la tarde de este miércoles.

Tal como adelantó EL PAÍS, México y EE UU negocian una suerte de Plan Marshall que pasa por asimilar a los migrantes en el país latinoamericano y que Washington incentive la inversión privada en el sur del país y aumente las ayudas a Centroamérica para tratar de lograr de esta forma que sus ciudadanos no tengan que abandonar su tierra. La meta es que el acuerdo quede cerrado, como tarde, en mayo del año que viene, para que pueda dar resultados tangibles en 2020. El Gobierno de López Obrador calcula en 9.000 los migrantes varados en la frontera, un número que, se da por descontado, subirá en los próximos meses.

Además, esta semana, México y los tres países del Triángulo Norte de América Central presentaron en la cumbre migratoria de Marrakech (Marruecos) una ambiciosa estrategia que trata de mejorar las condiciones de vida de los migrantes y, a la vez, frenar su llegada a EE UU. Sin embargo, para que este plan —redactado en colaboración con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y que incluye la concesión de visados para que los migrantes puedan permanecer, de manera legal y con acceso a servicios de salud y proyectos sociales, en México— y el programa de inversiones logren sus objetivos, necesitarán vencer antes las resistencias y la retórica agresiva de la primera potencia mundial: sin la participación de Washington, cualquier esfuerzo será prácticamente en vano.

La cuestión migratoria ha pasado a ocupar un lugar predominante en la agenda exterior del nuevo Gobierno mexicano, que lleva menos de dos semanas en el cargo. Pero la preocupación de López Obrador por la crisis humanitaria que sacude la región centroamericana -y que ha pasado a primera línea mediática en los dos últimos meses, con el avance de la caravana migrante por México rumbo a EE UU- viene de atrás. Desde su abrumadora victoria en las urnas, en julio pasado, el presidente del país hispanohablante más poblado ha trabajado en un plan para buscar una salida a las personas que se ven forzadas a abandonar sus países de origen para huir de la violencia y la falta de oportunidades económicas.

Con el citado plan de inversiones, el anhelo de México es convertir en oportunidad lo que, hasta ahora, se ha visto más como un desafío —y, en los sectores más conservadores, como una amenaza y una oportunidad para radicalizar aún más su discurso—. Los cálculos más recientes apuntan a que más de 200.000 migrantes transitan de forma irregular cada año por el país norteamericano, en su inmensa mayoría en tránsito hacia EE UU. A la crisis económica se suma la violencia y la inestabilidad política en países como Honduras y el aumento en los migrantes climáticos que huyen de Guatemala. Ante la insostenible situación de Centroamérica, la idea del nuevo Ejecutivo mexicano es convertirse en auténtico garante de sus vecinos del sur para lograr los recursos y las inversiones necesarias para, en primer lugar, tratar de poner fin a la hemorragia demográfica de los países centroamericanos y, en segunda instancia, lograr que aquellos migrantes que opten por quedarse en México puedan conseguir un empleo decente para poder sacar adelante a sus familias.

La de este miércoles es la primera llamada entre los presidentes de México y EE UU desde que el primero tomó posesión el pasado día 1. Entre la victoria de López Obrador, hace ya cinco meses, y su investidura, sin embargo, ambos mandatarios han mantenido varias conversaciones —siempre por teléfono— marcadas por las buenas palabras y una sintonía más que prometedora para una relación bilateral que, desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, atraviesa uno de sus peores momentos en décadas. Las celebraciones públicas de este cambio de tono, sin embargo, aún no han tenido consecuencias reales —salvo con la firma del T-MEC, la versión rebautizada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC)— más allá de los buenos deseos.

En el segundo nivel, que encarnan el canciller mexicano Marcelo Ebrard y el secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, el intercambio de pareceres también ha sido frecuente en los últimos meses. Pero el escepticismo sobre las consecuencias reales que esto pueda tener sigue siendo la nota predominante, incluso en el entorno más cercano de López Obrador.

México, como en su día en la negociación del nuevo TLC, es el primer interesado en que acercamientos como el de este miércoles den sus frutos lo antes posible. El flujo migratorio y, con él, los dramas humanos, no cesan. Y como ya se vio en la pasada campaña por las elecciones de mitad de mandato en EE UU, los ataques de Trump hacia la migración y lo que esta representa en el imaginario de los sectores más reaccionarios de la sociedad estadounidense, se redoblan cuando hay unos comicios en juego. Al filo del ecuador de su mandato —el próximo 20 de enero el republicano cumplirá dos años en el poder—, cada día que pasa es una jornada menos hacia su intento de reelección, a finales de 2020. Acercar posturas es más urgente que nunca, antes de que Trump eleve aún más el tono en contra de la migración. El primer trimestre del año que viene será clave.

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