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POR DEMIAN DUARTE

Los recientes decomisos de autos de lujo afiliados en las organizaciones “pafas” y que por lo tanto son vehículos ilegales en nuestro estado y en nuestro país, es una medida muy positiva que pone de manifiesto la necesidad de que tanto el estado como el municipio y la federación pongan un hasta aquí a la práctica corrupta de introducir autos de manera ilegal, que además son susceptibles de ser utilizados para actividades ilícitas.

El autor es periodista de negocios y política con 29 años de experiencia… usted lo puede contactar en Twitter como @demiandu y por e-mail en demiandu1@me.com

Quizá se pueda entender, aunque nunca justificar, la práctica de traer automóviles de medio uso para resolver los problemas de movilidad que tienen muchas familias humildes que no tienen opciones ante las deficiencias evidentes del sistema de transporte urbano en todas las ciudades del estado, sin embargo el que circulen unidades de modelo reciente de las marcas lujosas, europeas como Audi, BMW, Jaguar, Land Rover o Mercedes Benz o algunos modelos de alta gama de las armadoras norteamericana Ford y GMC, es algo que no tiene justificación alguna.

Mire el fenómeno de los autos “chuecos” o “Chocolates” tiene su origen en un acto de corrupción, ya que es evidente que para introducirlos al país hay una autoridad que cobra y se hace de la vista gorda, son vehículos que se trasladan por carretera a las ciudades y la verdad es que no son invisibles.

Los autos ilegales además son altamente contaminantes, saturan la vialidades, desgastan la infraestructura y representan un problema de seguridad en varias dimensiones, ya que al registrarse accidentes viales (que se cuentan con miles) donde participa un auto de estos, el conductor que tiene un carro legal simplemente no tiene ninguna garantía de que se le repare el daño.

Ahora por supuesto que el gran tema es la imposibilidad de identificar los vehículos, pues al no haber registros confiables, estos pueden utilizarse con enorme facilidad para cometer ilícitos, que van desde robos, hasta asesinatos, por lo que ya era urgente que las autoridades tomaran medidas.

Los decomisos iniciaron en Hermosillo a través del CEVCE y la Policía Municipal, y no, no son generalizados, se trata precisamente de ir tras los que están implicados en hechos delictivos o bien los de alta gama como los ya mencionados, lo que me parece un acierto, de hecho yo estaría a favor de que los decomisaran todos, sin embargo siendo realistas no hay quien tenga la capacidad de manejar 120 mil vehículos, que después no se sabría que hacer con ellos, pues tampoco las autoridades de Estados Unidos lo quieren allá de regreso.

El fenómenos de los autos ilegales tienen muchas dimensiones y una de ellas es la ambiental, se trata de vehículos considerados chatarra en Estados Unidos, que son altamente contaminantes y que no cumplen con los estándares en materia de emisiones en el vecino país del norte. Lo interesante es que tampoco cumplen con las de México y aún así se tolera su presencia.

Sin embargo en los estados del centro y sur del país su presencia es nula, las autoridades no los permiten y mucho menos en la Ciudad de México, por lo que es pertinente preguntar ¿Por qué en Sonora debemos tolerar e incluso incentivar su presencia?.

Se hace necesario en ese sentido que las autoridades procedan y retomen el manejo de la Ley para recuperar de manera paulatina las calles y la tranquilidad, partiendo del principio de que se combate un acto ilícito y se previenen posibles delitos o al menos incidencias en perjuicio de los ciudadanos que si andan derechos.

El ejemplo de lo hecho en Hermosillo a partir de esta semana, deberá replicarse el los principales centros urbanos del estado y en la medida de que esto ocurra, tendrá que lanzarse en paralelo una solución definitiva, ya que es verdad que no se pueden decomisar todos los vehículos ilegales sin que esto cause una rebelión popular, pues muchas personas dependen de su auto “chocolate” para trabajar o acudir a sus trabajos, para ir a la escuela o trasladar a su familia, por lo que se hace necesario que desde el Congreso del Estado en primera instancia se diseñe una estrategia para que ese tipo de vehículos sean incorporados a un registro oficial que les conceda derechos y aplique obligaciones a sus propietarios y sobre todo los haga visibles.

Posteriormente es necesario que sea el Congreso de la Unión el que legisle para lograr un programa de regularización de los que ya están en México y una nueva reglamentación justa y apegada a las normas ambientales para definir cómo será la importación legal de autos usados desde los Estados Unidos.

Lo que ha sucedido por décadas es considerado normal y adecuado, sin embargo se trata de un acto de corrupción abierto, que en los tiempos de la “Cuarta Transformación” no puede ni debe ser tolerado.

Correspondencia a demiandu1@me.com

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