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Por Demian Duarte

Como seguramente usted tiene bien presente, en estos días se da una intensa discusión y negociaciones respecto al presupuesto de egresos para el 2020 en el caso del estado de Sonora y es que como se recordará hay una propuesta de parte del gobierno de Sonora, para obtener poco más de 70 mil millones de pesos a fin de afrontar los retos que marca el año que se asoma ya por la ventana.

El autor es periodista de negocios y política con 29 años de experiencia… usted lo puede contactar en Twitter como @demiandu y por e-mail en demiandu1@me.com

Los diputados recibieron la propuesta presupuestal de parte del Ejecutivo el 15 de noviembre, y días antes el Poder Judicial les dirigió la propia, el Congreso mismo definió su propuesta y la integró al paquete de necesidades en materia de gasto público, un asunto que tendrá que definir antes del 15 de diciembre como lo mandaba la Constitución del Estado de Sonora.

Naturalmente que cuando se habla del paquete económico las vías de ingreso son sumamente importantes, pero también lo es el enfoque de cómo se gastará el dinero que tendrá en sus manos el gobierno, que es el dinero de los ciudadanos y del pueblo.

En el análisis de la propuesta presupuestal aparecen detalles importantes, que pueden ser considerados contradictorios incluso al mensaje que emite el gobierno de Sonora y contrarios a las necesidades y prioridades que tiene el pueblo de Sonora.

En particular le hablo de cómo se pretende atender las necesidades más punzantes de la sociedad sonorense, ya que como se sabe en este momento hay 2 ejes prioritarios en materia de preocupación de los sonorenses, que inician por el tema d seguridad pública y administración de justicia, quedando en segundo lugar la cuestión económica y la generación de empleos.

En este enfoque preocupa que el gobierno del estado haya enviado en su propuesta de presupuesto 2 líneas en las que se reducen las asignaciones de recursos para seguridad y prevención, siendo que en estos momentos ahí está el mayor foco rojo que afecta a nuestra sociedad, donde se proyecta una baja de 1.71 por ciento, de 2 mil 422 millones 680 mil pesos que se destinaron a ese rubro en este año, a 2 mil 381 millones 876 mil pesos, es decir 41 millones menos, lo que por lo menos no cuadra en la línea de las prioridades marcadas por el gobierno de Claudia Pavlovich.

Y es que resulta absurdo que en medio de la peor crisis de seguridad que ha enfrentado nuestro estado, con focos rojos en la región sur, en el centro y el norte, con homicidios dolosos en alza, feminicidios y otros delitos de alto impacto muy presentes en lugar de aumentar el gasto para prevención, se decida recortarlo.

Peor aún resulta que además se haya determinado que el poder Judicial del Estado, es decir donde se administra justicia, tenga una reducción de 19 millones de pesos en la propuesta de gasto dirigida por el Poder Ejecutivo, pues se contemplan poco menos de 1 mil 200 millones de pesos, lo que contrasta con las necesidades y el planteamiento de que a ese poder autónomo se le dotará de poco más del doble, a fin de suplir problemas, carencias y necesidades en instalaciones, personal e infraestructura.

Imagine usted que clase de herramientas dispondrá el Poder Judicial para juzgar y encarcelar a los criminales que asolan a la comunidad sonorense, si no cuenta con personal o instalaciones suficientes para desarrollar su misión que es la de administrar justicia.

O piense usted que clase de seguridad jurídica se ofrece a los inversionistas, si no existen juzgados suficientes para mediar en los diferentes de tipo mercantil o laboral que naturalmente surgen en la interacción de actividades económicas, los negocios y en la relación de capital y trabajo. 

Mire, quizá usted recuerde, la diputada Ernestina Castro Valenzuela, coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso del Estado ha impulsado una iniciativa para dotar de autonomía presupuestaria a los poderes y esto motivó que el mismo Poder Judicial del Estado de Sonora, que encabeza Francisco Gutiérrez Rodríguez dirigiera una propuesta de presupuesto por 2 mil 566 millones de pesos a fin de atender múltiples necesidades y obligaciones de tipo constitucional que se enfrentarán durante el año. 

Sin embargo la propuesta o no fue leída por el personal de la Secretaría de Hacienda, o simplemente se decidió ignorarla, a pesar de que en el 2020 se tienen que incorporar nuevos tribunales para atender la obligación constitucional de dar paso a los juicios orales en materia mercantil, o incorporar todo lo que tiene que ver con administración de justicia laboral a su estructura.

En este aspecto la verdad es que varias fallas, omisiones y contradicciones, comenzando por el hecho de que el Poder Judicial, al igual que el Legislativo y el Ejecutivo es un poder autónomo del estado, por lo que su presupuesto no puede ni debe ser manejado como parte de la propuesta que dirige el Poder Ejecutivo, aspecto que deberán considerar los integrantes de la 62 Legislatura del Congreso del Estado.

Para colmo, además de las rebajas en estos 2 aspectos que deberían ser considerados prioritarios, hay incrementos consistentes por ejemplo para el mismo Poder Legislativo, al que se le conceden 71 millones de pesos extra respecto al presupuesto que se está ejerciendo en el 2019, al pasar de 650 a 721 millones de pesos, a la par de que se contemplan alzas para el Tribunal Estatal Electoral o el Instituto Estatal Electoral, en un año en el que no hay elecciones.

Está claro que la propuesta presupuestal, es precisamente eso, una propuesta que dirige el Gobierno de Sonora, entendido este como los 3 poderes que lo integran, razón por la que será responsabilidad de los diputados que integran la 62 Legislatura poner las cosas en claro y conceder en el gasto público el peso que cada cual tiene y definiendo las prioridades sociales que corresponden, de tal modo que asuntos como la seguridad pública y la administración de justicia tendrán que definirse como prioridades.

En este aspecto el tema de la seguridad de los ciudadanos, la administración de justicia, el desarrollo de infraestructura y generar condiciones para impulsar la economía y generar más empleos, deben ser los primeros aspectos, todo lo demás en las líneas de gasto público viene en segundo término.

Y ojo, esto es responsabilidad de los diputados y de nadie más.

Correspondencia a demiandu1@me.com

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