Especial

Por considerar que los municipios no pueden quedar a expensas de la discreción del ejercicio presupuestal del Ejecutivo estatal, el Pleno del Congreso aprobó un Decreto mediante el cual se garantizará que los recursos que se destinaron a inversión pública en el presupuesto, sean ejercidos de forma completa y oportuna.

En esta última sesión en la que se clausuró el primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional, los integrantes de la LXII Legislatura eligieron a la mesa directiva de la Diputación Permanente, previa aprobación de cuatro iniciativas, además la Presidencia turnó a comisiones dictaminadoras diversos proyectos de decreto.

El diputado Lázaro Espinoza Mendivil presidirá la directiva durante el segundo periodo extraordinario de sesiones (15 de diciembre de 2019 al 31 de enero de 2020). El resto de integrantes son: María Magdalena Uribe Peña, vicepresidenta; Norberto Ortega Torres, secretario; Francisco Javier Duarte Flores y Luis Armando Alcalá Alcaraz, suplentes.

El Decreto aprobado, que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, establece delinear obligaciones para otorgar certeza, tanto al Municipio como a la ciudadanía, en el sentido de que el presupuesto que se destine cada año a los 72 sea ejercido de acuerdo al calendario aprobado, independientemente a la fuente de ingreso con la cual se financien las obras públicas, dio a conocer la diputada Alejandra López Noriega, a nombre del grupo parlamentario del PAN.

De acuerdo con el estudio del Índice de Información Presupuestal Municipal 2018, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., en promedio el 73.1 por ciento de los ingresos que obtuvieron los municipios en 2016 corresponden a ingresos federales y estatales, expuso, mientras que en el ejercicio 2018, en Sonora la captación de participaciones y aportaciones de los municipios representa el 71 por ciento de sus ingresos, según el Informe General de Resultados 2018 de la revisión de las cuentas públicas municipales que llevó a cabo el ISAF.

“De ahí la importancia de contar con una normativa (Ley del Presupuesto de Egresos) que establezca la obligatoriedad de transferir a los municipios los recursos autorizados en el presupuesto de egresos, ya que son el ingreso más significativo y esto permitirá que se les cumpla a los ciudadanos con la prestación de servicios y funciones constitucionalmente encomendadas a los municipios”, aseveró.

En la misma tónica de apoyar a los municipios, la asamblea aprobó un Decreto que adiciona un Artículo Octavo Transitorio a la Ley Estatal de Responsabilidades, por medio del cual se establece la posibilidad para que los gobiernos municipales con una población menor a los 50 mil habitantes, puedan celebrar convenios con el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, a efecto de que este realice las actuaciones de investigación y substanciación respecto de las faltas no graves que sean detectadas por dicho órgano fiscalizador y que resulten imputables al Ayuntamiento de que se trate.

A nombre de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, CRICP, el diputado Fermín Trujillo Fuentes dio lectura a la iniciativa que hace referencia al Decreto número 29, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 16 de mayo de 2019, mediante el cual se realizó la modificación al Artículo Segundo Transitorio de la Ley de Responsabilidades, con el objeto de que los municipios cuya población sea menor a 50 mil habitantes, tendrán hasta el 1º de enero de 2020 para realizar las adecuaciones administrativas.

“Así como para llevar a cabo la designación de los titulares de las áreas encargadas de la investigación y sustanciación de las faltas administrativas a las que se refiere la presente Ley, medida que fue eficaz en forma parcial, en virtud que el término otorgado en dicha reforma se encuentra próximo a vencer y aun no se cuenta con el cumplimiento de la totalidad de los municipios en la implementación de las aludidas autoridades”, expresó.

El diputado Trujillo Fuentes agregó que la finalidad es afrontar tal situación y buscar apoyar a los municipios, sobre todo en los más pequeños donde el presupuesto con el que cuentan es insuficiente para dar cumplimiento a la obligación. El Decreto se aprobó por unanimidad.

En esta última sesión del primer periodo ordinario, el Pleno aprobó un Acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo estatal, a sus respectivas instancias sociales y a los 72 ayuntamientos, a que actúen en solidaridad con aquellas personas y comunidades vulnerables en esta temporada invernal de fin de año, a propuesta de la diputada María Magdalena Uribe Peña.

“Y ante la posibilidad de nuevos eventos meteorológicos, como frentes fríos, lluvias y demás, hago un llamado a que concertemos esfuerzos autoridades, asociaciones civiles que apoyan actividades de fin de año, y la ciudadanía que esté en posición y disposición de ayudar a los demás”, expresó.

Un segundo Acuerdo aprobó el Pleno, a efecto exhortar a autoridades federales y estatales, a efecto de que realicen estudios e informen a este Poder Legislativo sobre la calidad del agua en los 72 municipios, y si existe desbordamiento de las presas y presas de jales que pudieran ocasionar daños a la salud y al medio ambiente.

El diputado Carlos Navarrete Aguirre presentó dicha iniciativa bajo el considerando de que en los municipios o zonas mineras en las que también se registraron fuertes lluvias recientemente, no se cuenta con la información de si hubo derramamiento de alguna de las presas de jales y si se traspasaron los desechos derivados de la explotación minera, que pudieran llegar a afectar la salud de los ciudadanos que viven en las inmediaciones de las mismas.

El exhorto está dirigido a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT; de la Comisión Nacional del Agua, CNA; y de la Comisión Estatal del Agua, CEA.

Turnan iniciativas a comisiones

En el desarrollo de la sesión, la Presidencia turnó a la Comisión de Protección Civil una iniciativa con proyecto de ley de bomberos del Estado de Sonora, que presentó el diputado Martín Matrecitos Flores, con el objeto de establecer los instrumentos necesarios que den fortaleza y garanticen los recursos suficientes a los cuerpos de bomberos, para que puedan seguir en el cumplimiento de su loable labor.

Explicó que el proyecto se integra por 40 artículos distribuidos en ocho capítulos. Entre las disposiciones generales destacan: establecer las bases para la creación, organización y funcionamiento de los cuerpos de bomberos del Estado de Sonora, los cuales se constituirán como un servicio público especializado y de emergencias, preponderantemente en las labores de prevención y combate de incendios, así como apoyo en la salvaguarda de la vida, de los bienes y del entorno de la población.

Enseguida la diputada Leticia Calderón Fuentes dio lectura a una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas para el Estado de Sonora, a fin de erradicar cualquier tipo de violencia y discriminación de que puedan ser objeto niñas, adolescentes y mujeres indígenas, y de esta manera fortalecerlas, sin dañar el patrimonio cultural al que pertenecen.

Sostuvo que mediante esta modificación se busca contribuir en la aplicación del apartado E) del Artículo 1º constitucional, relativo a que el Estado y los municipios promoverán la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminarán cualquier práctica discriminatoria; establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de sus derechos, y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Asuntos Indígenas, mientras que la Comisión de Desarrollo Urbano estudiará la propuesta presentada por la diputada Gricelda Lorena Soto Almada, con proyecto de decreto que reforma los artículos transitorios tercero, cuarto y quinto de la Ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del Estado de Sonora.

Indicó que en dichos transitorios se establece el mes de junio del presente para la actualización a nivel estatal de los programas de desarrollo urbano de los centros de población y de los programas metropolitanos, por lo que su propuesta es que se les otorgue tiempo suficiente a los municipios para analizar los resultados del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, que serán dados a conocer en noviembre de 2020, y de esa manera estén en condiciones de poder aplicar las obligaciones del ordenamiento referido.

Y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se envió para estudio la iniciativa del grupo parlamentario del PAN, con el objeto de adicionar un segundo párrafo a la fracción XI del Artículo 95 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora.

El diputado Gildardo Real Ramírez informó que lo que se busca es otorgarle herramientas y recursos al órgano de control interno del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISAF, con el objeto de implementar programas que contengan políticas eficaces de ética pública, de integridad y de conducta institucional, a través de capacitaciones a los servidores públicos de dicho instituto.

De esa manera se lograría el principio de máxima publicidad y transparencia en sus actos de supervisión y, sobre todo, de integración y sanción, dijo.

El diputado Real Ramírez dio lectura al Decreto que clausura el primer periodo de sesiones ordinarias  del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura y posteriormente se entonó el Himno Nacional.

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