ESPECIAL

Funcionarios del Poder Judicial del Estado de Sonora (PJE) sostuvieron una reunión con Diputados de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos así como de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para facilitar el proceso de análisis y discusión de la iniciativa de ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, la cual fue presentada por la Diputada Ernestina Castro Valenzuela ante el Pleno del Congreso del Estado el pasado 5 de septiembre.

Dicha iniciativa de ley tiene por objeto garantizar la autonomía e independencia presupuestarias del PJE, y en ella se propone que el presupuesto que se le asigne no sea inferior al 3 por ciento del total del presupuesto de egresos general del Gobierno del Estado previsto para cada ejercicio fiscal; así también que el monto total asignado no sea inferior en términos reales al ejercicio inmediato anterior, el cual se propone administre, ejerza y justifique en los términos que fijen las leyes respectivas. 

La Diputada Castro Valenzuela comentó que “La necesidad de que el Poder Judicial del Estado tenga autonomía e independencia económica para administrar y erogar su presupuesto es cada vez más grande, dado que en los últimos años se le han otorgado más atribuciones. Debemos tener presentes que, para que Sonora sea atractivo a inversionistas extranjeros, es necesario fortalecer y eficientar la función jurisdiccional en el estado, pues de acuerdo a las mediciones que hace el Banco Mundial en su estudio anual, el hecho de que en una entidad federativa garantice a sus habitantes que la justicia es pronta y expedita es un aliciente para que los inversionistas volteen a ver nuestro Estado”.

El Lic. Alejandro Bustamante Silvas, Secretario Ejecutivo de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), agradeció la oportuna invitación a la mesa de trabajo para presentar información, datos objetivos y claros sobre la situación que enfrenta el PJE con los recientes cambios normativos, “Queremos exponerles rubro a rubro las situaciones que hay con todos estos cambios, las exigencias que captamos del gremio de abogados, la sensibilidad de los usuarios respecto de sus asuntos, y así ustedes tengan un escenario, un diagnóstico de cada una de esas materias y también otros aspectos que se nos están presentando, que justifican y hacen necesario que este tipo de temas se planteen y se discutan para que lleguen a buen fin para la impartición de justicia en el Estado”.

Por su parte el Lic. Luis Fabián Ramírez Mendoza, Coordinador General de Gestión Judicial del STJ, recordó cómo el proceso de implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Sonora realmente inició a tan sólo 3 meses de que venciera el plazo de la Constitución Federal para la implementación de manera integral y completa, de modo que, por la prontitud y la escasez de recursos, se tuvo que cerrar un Juzgado de Adolescentes y adaptarlo para iniciar en diciembre de 2015 con el Juzgado Oral Penal de Hermosillo.

“Si bien recibimos apoyos para el equipamiento de audio y video de las salas, los recursos se tornaron insuficientes. Fuimos avanzando, pero tuvimos que hacer ajustes: de 16 distritos judiciales con los que se cuenta, tuvimos que redistritar a tan sólo 8 distritos; y, si bien se daba la cobertura en todo el estado, pero se alejaba a la sociedad el servicio en materia de justicia oral penal.

“Al sistema tradicional se le imputaba la lentitud, los años de proceso; y en el nuevo sistema, aún con todas esas carencias, tenemos un trámite todavía ágil y transparente por las nuevas exigencias constitucionales. A mi juicio, de seguir en la misma tónica con las mismas carencias, va a pasar lo mismo: no es una cuestión de sistemas, es de sentido común, si no se le apuesta, si no se le invierten recursos al nuevo sistema, le pasará lo mismo que al tradicional”, explicó Ramírez Mendoza.

 La Oficial Mayor del STJ, Lic. Josefina Sánchez Reyes, comentó que en los últimos 10 años al PJE se le ha otorgado un promedio de 1.7 por ciento en relación con el presupuesto global del estado, pero “más del 80 por ciento de ese presupuesto se va al área de personal, entonces estaríamos hablando de que, con lo que queda para gastos de operación, tenemos que hacer maravillas para poder dar cumplimiento a las exigencias constitucionales que se nos presentan, como fue el caso de la implementación del sistema de justicia penal. 

“Todavía nos faltan algunos municipios por concluir y aterrizar la reforma penal, y ya viene la reforma laboral y obviamente vamos a tener gastos de infraestructura, de personal, equipamiento, y ya es momento que debemos de estar trabajando en las adecuaciones de edificios o proyectando toda la infraestructura que se va a requerir. El Poder Judicial ha crecido mucho y hemos tratado de resolver a como se presentan las cuestiones, y en este momento yo creo que ha sido muy propio que vamos a iniciar con el presupuesto del 2020 y podríamos tener la opción con el apoyo de ustedes de poder considerar por lo menos cubrir las necesidades más apremiantes que son las reformas, que ya las tenemos encima”, manifestó la Oficial Mayor del STJ.

Para finalizar, la diputada Ernestina Castro comentó que es imprescindible que al PJE se le garanticen su autonomía e independencia presupuestarias para hacer frente a los retos y desafíos que en los próximos años dicho poder tiene que enfrentar para garantizar a los sonorenses el acceso a la justicia, derecho humano previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal. 

Presentes en la mesa de trabajo estuvieron los diputados Jesús Eduardo Urbina Lucero, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos e integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales; Jesús Alonso Montes Piña, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales; Leticia Calderón Fuentes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos; Héctor Raúl Castelo Montaño y Norberto Ortega Torres, integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, quienes manifestaron su apoyo a la iniciativa de ley presentada por la diputada Castro Valenzuela y su interés por continuar realizando mesas de trabajo con el fin de profundizar en el análisis de dicha iniciativa.

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