ESPECIAL

Como cada año, la Comisión de Fiscalización presentó ante el Pleno del Congreso el informe de resultados de la cuenta de la hacienda pública estatal y municipales, en esta ocasión lo relativo al ejercicio fiscal 2018.

En el caso de estas últimas, el Acuerdo alcanzado dice que se aprueban las cuentas públicas de los ayuntamientos de Huépac, Granados, Benito Juárez, Cucurpe, Álamos, Cajeme, Banámichi, Tepache, Navojoa, San Miguel de Horcasitas, Caborca, Bacerac, Bavispe, Etchojoa, Santa Ana, San Javier, Villa Hidalgo, Átil, Rayón, Huásabas, Hermosillo, Rosario, Tubutama, Trincheras, Santa Cruz, Moctezuma, Magdalena, Baviácora, Mazatán, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Bacoachi, Agua Prieta, Pitiquito, Altar, Nogales, San Pedro de la Cueva, Huachinera, Ímuris, Suaqui Grande y Arizpe.

En contraparte no se aprueban las de 31 municipios: Cumpas, Quiriego, Naco, Yécora, Huatabampo, Sáric, Ures, La Colorada, Bácum, Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Villa Pesqueira, San Ignacio Río Muerto, Opodepe, Benjamín Hill, San Felipe de Jesús, Nácori Chico, Bacadéhuachi, Guaymas, Soyopa, Aconchi, Oquitoa, Nacozari de García, Cananea, Divisaderos, Sahuaripa, Empalme, Bacanora, Arivechi, Carbó y Ónavas.

Por otro lado, la cuenta pública estatal incluyó 96 sujetos fiscalizables del Gobierno del Estado, donde se determinaron mil 397 observaciones solventadas por el Poder Ejecutivo, 167 están en proceso de análisis y 45 por atender.

El Poder Legislativo, por su parte, solventó las 17 observaciones que le hizo el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización; el Poder Judicial un total de doce; 128 de los organismos autónomos, de las cuales 88 se encuentran solventadas y 38 están en proceso de análisis, mientras que de los 72 entes fiscalizables relacionados con los sindicatos y asociaciones civiles, se determinaron 22 observaciones, ocho de éstas ya solventadas y ocho en proceso.

El ISAF destaca en su informe que se incluyó, como parte de los objetivos de la fiscalización, verificar si las inversiones y gastos autorizados a los sujetos de fiscalización con cargo a las partidas presupuestales correspondientes se aplicaron legal y eficientemente al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados, así como que los contratos de obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios se hubieren celebrado con apego a la legalidad.

Para la selección de los entes se consideraron variables como: presupuesto asignado y modificado; análisis de riesgos; antecedentes de la fiscalización de ejercicios anteriores; programa de trabajo entre el ISAF y la Secretaría de la Contraloría General del Estado; y relevancia del tema ante el Sistema Estatal Anticorrupción para la ejecución del proceso de fiscalización.

Como marco normativo específico se consideró a las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y demás normas aplicables señaladas en el Artículo 23 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, en tanto que los criterios de selección para la ejecución de las auditorías se basaron en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras ISSAI 1320.

El ISAF presentó en el informe de resultados una propuesta de modificación a diversas disposiciones legales, con el objetivo de incidir en los sujetos de fiscalización para que se encuentren en condiciones de desempeñar sus funciones cada vez más eficazmente, ya que es necesario contar con una legislación acorde con el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción.

“En la medida que exista una normatividad adecuada se podrán reducir las conductas irregulares, estableciendo una estructura más coherente y ordenada en la actuación de los sujetos de fiscalización, y en general de los servidores públicos del Estado”, establece en sus conclusiones.

Se propone una reforma integral a la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, en virtud de que se puede eficientar dicha normatividad, a efecto incluso de generar ahorro presupuestal en el desarrollo de las actividades del ISAF y disminuir la tramitología en las mismas, derivado de que muchas ocasiones se debe acudir a los sujetos de fiscalización en más de dos ocasiones.

Otras disposiciones que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización recomendó al Congreso del Estado modificar son la Ley de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles de la administración pública estatal; la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas; la Ley de Gobierno y Administración Municipal; y la emisión de un nuevo Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal.

También se propone crear un reglamento para las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles de la administración pública municipal y, a diferencia de otras entidades, Sonora no cuenta con una ley estatal de coordinación fiscal que determine la distribución de las participaciones federales a los municipios, establece el ISAF en su informe.

“Se propone que el Congreso del Estado cree el sistema de coordinación fiscal del Estado de Sonora, mediante la expedición de la ley de coordinación fiscal, e incorpore criterios que incentiven la recaudación de recursos por parte de los gobiernos municipales y con ello amplíe el número de criterios para su distribución, atendiendo principalmente a los incentivos recaudatorios y principios resarcitorios, e instituye las bases de cálculo para la distribución de las participaciones federales y estatales que correspondan a las haciendas públicas municipales”, destaca.

La lectura del informe estuvo a cargo de los diputados Fermín Trujillo Fuentes, presidente de la Comisión de Fiscalización; Francisco Javier Duarte Flores, Luis Armando Alcalá Alcaraz y Rodolfo Lizárraga Arellano. Posteriormente los grupos y representaciones parlamentarias presentaron posicionamientos con relación al informe de resultados de la cuenta de la hacienda pública estatal 2018.

A nombre del grupo parlamentario de MORENA, la diputada Ernestina Castro Valenzuela dijo que rechazan y reprueban la cuenta pública del Gobierno del Estado, ya que presenta variaciones, incumplimientos, excesos, anomalías, arbitrariedades y ausencias que ameritan su inmediata explicación.

El grupo parlamentario del Partido Encuentro Social consideró que el Gobierno del Estado incrementó la deuda pública, así como un gasto superior a lo aprobado por el Poder Legislativo, de acuerdo a la información presentada por el ISAF, además de que los recursos no fueron usados de manera eficaz para cumplir los objetivos y programas a los que estaban destinados, sostuvo el diputado Jesús Alonso Montes Piña.

La diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada presentó enseguida el posicionamiento del grupo parlamentario del PRI, en el que afirmó que la cuenta pública estatal 2018 es congruente con la revisión de la Auditoría Superior de la Federación, que reportó para Sonora cero observaciones, igual que en 2017, lo cual es prueba de una gestión responsable, indicó.

Considerar clarificar la interpretación de la calificación de la cuenta pública estatal para su aprobación  o no, igual que los municipios, planteó la diputada María Magdalena Uribe Peña al presentar el posicionamiento del grupo parlamentario del PT.

Para el grupo parlamentario del PAN, la cuenta pública del Gobierno del Estado está reprobada, aseveró el diputado Eduardo Urbina Lucero, ya que se ha incumplido con la Ley de Disciplina Financiera, además de que el Estado aumentó de 22 mil 916 millones de pesos a 23 mil 699 millones de pesos dicha deuda.

El diputado Fermín Trujillo Fuentes presentó  el posicionamiento del grupo parlamentario de Nueva Alianza, en el que sostuvo que el posible daño patrimonial que está en el informe es porque no está claro si se aplicó correctamente para lo que fue destinado, lo demás queda en la política y es difícil de escudriñar, sostuvo, de manera que reconoció un avance en los entes estatales para aplicarse a la norma que hay y en la disposición del servidor público en la capacitación.

Con la representación parlamentaria de Movimiento Ciudadano, la diputada María Dolores Del Río Sánchez dijo que no han llegado aquí para retroceder sino para avanzar con lo que tienen y con lo que se ha avanzado, para seguir modificando desde esta Legislatura lo que les corresponda para que las cosas y los análisis sean mejores.

El diputado Luis Mario Rivera Aguilar, con la representación parlamentaria del Partido Verde, señaló que los diputados de esta Legislatura deben ser creadores y ejecutores de políticas públicas anticorrupción a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, que permitan al ciudadano confiar en las autoridades por las que votaron, que gestionen los fondos que vayan aparejando los gastos y generen los ingresos para fortalecer la infraestructura.

Presentan dictamen de cuentas públicas municipales

A nombre de la Comisión de Fiscalización, la diputada Diana Platt Salazar presentó al Pleno el dictamen en relación a la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de los municipios de la entidad, relativas al ejercicio fiscal 2018, en el cual destaca que se aprueban 41 y no se aprueban 31, ya mencionados.

Con el desarrollo e implementación de nuevos paradigmas en los procesos de fiscalización, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización instrumentó una Guía Metodológica para evaluar el desempeño municipal, con el objeto de medir la eficiencia financiera, fiscal y operativa de las administraciones municipales, e incluir sus resultados en los Informes de las cuentas públicas respectivas, establece el documento.

Agrega que en aquellos municipios donde el Instituto no pudo realizar la “Encuesta de Percepción de la Calidad de los Servicios Públicos Municipales 2018”, se tomó el resultado obtenido en la Auditoría de Desempeño, y la propuesta de calificación que el ISAF presentó al Congreso del Estado para cada una de las cuentas públicas del ejercicio 2018 de los municipios del Estado, se presentó con los siguientes valores:

Desempeño, hasta 20 puntos; resultado de auditorías al ejercicio del gasto, el cual tiene un valor máximo de 50 puntos; el comparativo de observaciones 2017-2018, donde se obtienen hasta 10 puntos; y la Evaluación Ciudadana de los Servicios Públicos, a la que se le asignan hasta 20 puntos.

“Con independencia de los resultados del informe de resultados de la cuenta pública municipal y la calificación que en su oportunidad los ayuntamientos reciban por parte del Congreso del Estado, no exime de responsabilidad a los servidores públicos municipales, respecto de las deficiencias e irregularidades independientemente de las aquí señaladas en las que puedan haber incurrido”, estableció el dictamen.

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