ESPECIAL

Con el objeto de continuar evaluando los requerimientos que tiene el Poder Judicial del Estado en cuanto a recursos humanos y materiales, se desarrolló con éxito la tercera mesa de trabajo convocada por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Justicia y Derechos Humanos.

Dicha iniciativa de Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado, a la Ley de Presupuestos y Egresos y Gasto Púbico Estatal y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, en tema de presupuesto y autonomía, fue presentada el pasado 5 de septiembre por la diputada de MORENA, Ernestina Castro Valenzuela, quien explicó que se busca que haya más recursos, que se liberen plazas de trabajo para poder dar el servicio correspondiente a la ciudadanía y sobre todo el cumplimiento de las obligaciones que tiene ahora el poder judicial.

Castro Valenzuela Informó que la necesidad de una autonomía presupuestal está vinculada a un mayor número de atribuciones y obligaciones por parte del Poder Judicial, donde el nuevo sistema penal ahora se llevará por medio de juicios orales, y la reforma laboral dictamina implementar los tribunales judiciales a la junta de conciliación y arbitraje, la cual desaparecerá una vez desahogados los juicios.

La legisladora destacó que es necesario que haya más personal para que a través de la mediación los asuntos o los conflictos entre particulares, no tengan que llegar a una sentencia o un juicio que dure años y se pueda solucionar de manera pacífica. 

En esta mesa de trabajo estuvieron presentes las diputadas morenistas Gricelda Soto Almada y María Alicia Gaytán Sánchez, contando también con la presencia de los diputados Jesús Alonso Montes Piña y Leticia Calderón Fuentes, además de la asistencia de integrantes del Supremo Tribunal de Justicia como el secretario ejecutivo de la presidencia, Lic. Alejandro Bustamante Silvas y el coordinador general de Gestión Judicial, Lic. Luis Fabián Ramírez Mendoza.

Esta iniciativa será turnada y dictaminada a través de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos.

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